AVANCES DEL DERECHO MINERO EN COLOMBIA

 

El derecho minero como parte integrante de la rama del Derecho Público tiene vida propia [instituciones, principios, procedimientos y sanciones], esta aseveración será el objeto del presente documento de índole académico; importante es poder conceptuar que se comprende por Derecho Minero o Derecho de las Minas y sobre el particular podemos afirmar, que se trata de: “conjunto de normas jurídicas y técnicas expedidas por el Estado a través de sus órganos técnicos que regulan de manera específica y completa la forma que tiene un Estado para extraer directa o indirectamente la riqueza mineral [entiéndase para este texto minerales y recursos energéticos como petróleo y gas] que tiene en el suelo y el subsuelo que conforman el territorio de un Estado”.

Con base en la siguiente afirmación, se debe extraer los cuatros elementos que conforman el concepto a saber:

Normas de índole jurídica y técnica: en este aspecto debemos recalcar el carácter multidisciplinario de esta rama del Derecho, porque no solo es el profesional el Derecho quien la enriquece, sino profesiones afines como la geología, la ingeniería de minas, ambiental, civil entre otras.

Emitidas por el Estado a través de sus órganos técnicos: Si bien el principio Constitucional de la potestad general del legislador y de la clausula general del Congreso de la República para expedir las Leyes en Colombia, ello no riñe para afirmar que en esta rama del Derecho, sus principales avances son emitidos por Decretos Reglamentarios o por documentos técnicos de entidades públicas como son el Ministerio de Minas, Ingeominas, Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], Departamento Nacional de Planeación [DNP], Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH-  [para el caso del petróleo] entre otras, por ello la fuente normativa es proferida no solo por el Congreso de la República, aunque las normas marcos sobre las cuales el ejecutivo ejerce su potestad reglamentaria, si fue expedida por el Legislador.

 

Riqueza del Suelo y del Subsuelo: Para comprender este punto, debemos hacer claridad que la Propiedad Privada o Particular es reconocida en el Estado Colombiano [Art. 58 de la Constitución Política] siempre y cuando se ajuste a los parámetros legales, pero que en el tema de la propiedad de la riqueza mineral nuestra tradición jurídica occidental desde sus inicios en la época de la conquista reconoció la propiedad de las riquezas minerales [caso oro y plata] en la corona española, a título de ejemplo las normas del viejo fuero de castilla de 1228 hasta las Ordenanzas del nuevo cuaderno de 1685 de Felipe II[1]; luego con la fundación de la nueva República independiente el libertador Simón Bolívar, expidió en la ciudad de Quito en el mes de Octubre de 1981 el primer Decreto reglamentario sobre la propiedad de las riquezas minerales de la naciente democracia y nacionalizo las riquezas a favor de la incipiente estructura Estatal, eso sí, respetando  los derechos adquiridos con un régimen peculiar de transición y luego la Ley 20 de 1969 retomo nuevamente el punto para volver a nacionalizar la riqueza mineral y petrolera del Estado Colombiano.

 

En nuestro sistema jurídico el propietario particular de un inmueble [terreno] lo es del suelo, en principio, si el mismo no contiene riqueza mineral y el subsuelo y/o su riqueza es de propiedad única del Estado Colombiano, por ello, como titular único es quien puede disponer de las riquezas y no como en otras latitudes [USA, Arabia Saudita entre otros], donde el régimen de propiedad del suelo se extiende desde el infierno hasta el cielo  siguiendo los lineamientos de la propiedad en la Roma floreciente, por ello, aquí un particular que encuentre petróleo o un mineral en el subsuelo que se ubica debajo de su propiedad privada no se convierte en millonario [historia de los texanos en USA], ni firma directamente un contrato de explotación del recurso, porque la propiedad del subsuelo está radicada en cabeza del Estado Colombiano, salvo algunas excepciones contadas en el tema de minería de oro en Antioquia y que rige en virtud de derechos adquiridos en la época feudal colombiana.

 

Extracción Directa o Indirecta del recurso: La extracción directa del recurso se presenta cuando el Estado es directamente empresario y a través de empresas industriales y comerciales de propiedad estatal se dedica a las actividades de extracción y comercialización de minerales, como ocurría con las extintas [hoy en liquidación] empresas como CARBOCOL Y MINERCOL, es decir que hay inversión pública y privada realizado las actividades en una franca competencia con la reglas del mercado es el conocido modelo dominal de acceder a la propiedad minera; de manera indirecta se presenta cuando el Estado no interviene en ninguna de las fases de la industria minera y solo se dedica a regular un marco normativo [sin interferir en las reglas del mercado] para concederle solo a los particulares el derecho de extraer el mineral sin que el interfiera, es el conocido modelo regalista de acceder a la propiedad minera.

 

El actual Derecho Minero Colombiano  ha presentado un avance importante en los últimos años y en especial luego de la expedición de la Ley 685 de 2001,  [actual código de minas que supero el Decreto 2655  de 1988]  que estableció un conjunto sistemático de normas ordenadas en un mismo cuerpo normativo, de la misma manera aglutino unos principios de interpretación o principialistica, regulo nuevamente la función social de la propiedad minera en concordancia con la Constitución Política de Colombia, los derechos económicos derivados por la extracción del recurso y sus nuevas formas, el tema de servidumbres mineras, amparos administrativos, títulos mineros en la legislación vigente, fases de la industria minera, aspectos ambientales entre otras aspectos relevantes.

 

De los aspectos citados trataremos solo algunos de ellos por la complejidad de los mismos y por el propósito ilustrativo del presente trabajo, de poder afirmar  el avance del Derecho Minero, por ello trabajaremos los siguientes:

  • Principialistica del Código de Minas.
  • Función social de la propiedad minera.
  • Derechos Económicos del Estado Colombiano.

PRINCIPIALISTICA DE LA LEY 655 DE 2001.

El tema de los principios de un cuerpo normativo como foco de interpretación es un tema muy de moda en los juristas colombianos, sobre todo en el campo del Derecho Constitucional y Penal, esta novedad ha venido siendo implantada por un nueva generación de juristas y por el aval de los fallos novedosos de la Honorable Corte Constitucional, el tema en el actual código de minas[2] se pueden resumir en los siguientes: I) Regulación completa. II) Regulación general.  III) Propiedad de los recursos mineros. IV) Inalienabilidad e imprescriptibilidad. V) Presunción de propiedad estatal. VI) Yacimiento descubierto y VII) Utilidad pública de las fases mineras, como los más importantes y sus contenidos legales son así:

  • ARTÍCULO 3o. REGULACIÓN COMPLETA. Las reglas y principios consagrados en este Código desarrollan los mandatos del artículo 25, 80, del parágrafo del artículo 330 y los artículos 332, 334, 360 y 361 de la Constitución Nacional, en relación con los recursos mineros, en forma completa, sistemática, armónica y con el sentido de especialidad y de aplicación preferente. En consecuencia, las disposiciones civiles y comerciales que contemplen situaciones y fenómenos regulados por este Código, sólo tendrán aplicación en asuntos mineros, por remisión directa que a ellos se haga en este Código o por aplicación supletoria a falta de normas expresas.

PARÁGRAFO. En todo caso, las autoridades administrativas a las que hace referencia este Código no podrán dejar de resolver, por deficiencias en la ley, los asuntos que se les propongan en el ámbito de su competencia. En este caso, acudirán a las normas de integración del derecho y, en su defecto, a la Constitución Política.

  • ARTÍCULO 4o. REGULACIÓN GENERAL. Los requisitos, formalidades, documentos y pruebas que señala expresamente este Código para la presentación, el trámite y resolución de los negocios mineros en su trámite administrativo hasta obtener su perfeccionamiento, serán los únicos exigibles a los interesados. Igual principio se aplicará en relación con los términos y condiciones establecidas en este Código para el ejercicio del derecho a explorar y explotar minerales y de las correspondientes servidumbres.

De conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política, ninguna autoridad podrá establecer ni exigir, permisos, licencias o requisitos adicionales para la procedencia de las propuestas o para la expedición, perfeccionamiento y ejercicio del título minero, sin perjuicio de la competencia de la autoridad ambiental.

  • ARTÍCULO 5o. PROPIEDAD DE LOS RECURSOS MINEROS. Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos.

Quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas con arreglo a las leyes preexistentes.

  • ARTÍCULO 6o. INALIENABILIDAD E IMPRESCRIPTIBILIDAD. La propiedad estatal de los recursos naturales no renovables es inalienable e imprescriptible. El derecho a explorarlos y explotarlos sólo se adquiere mediante el otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 de este Código. Ninguna actividad de prospección, exploración o explotación o de posesión material de dichos recursos, sea cual fuere su antigüedad, duración o características, conferirá derecho o prelación alguna para adquirir el título minero o para oponerse a propuestas de terceros.
  • ARTÍCULO 7o. PRESUNCIÓN DE PROPIEDAD ESTATAL. La propiedad del Estado sobre los recursos minerales yacentes en el suelo o el subsuelo de los terrenos públicos o privados, se presume legalmente.
  • ARTÍCULO 8o. YACIMIENTO DESCUBIERTO. Para todos los efectos del presente Código, se entiende que un yacimiento ha sido técnicamente descubierto cuando, con la aplicación de los principios, reglas y métodos propios de la geología y la ingeniería de minas, se ha establecido la existencia de una formación o depósito que contiene reservas probadas de uno o varios minerales, de interés económico.
  • &$ARTÍCULO 13. UTILIDAD PÚBLICA. En desarrollo del artículo 5812 de la Constitución Política, declárese de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases. Por tanto podrán decretarse a su favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este Código, las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo.

La expropiación consagrada en este artículo, en ningún caso procederá sobre los bienes adquiridos, construidos o destinados por los beneficiarios de un título minero, para su exploración o explotación o para el ejercicio de sus correspondientes servidumbres.

De los siete principios o principialistica del actual código de minas, se pueden deducir algunas ideas sobre el tema y son:

  1. La existencia de un conjunto de normas con autonomía y que son capaces de regular por si solas un área del Derecho, si necesidad de supeditarse a las normas comerciales o civiles, en ejercicio de esta potestad, no se permite una regulación adicional de requisitos o trámites para acceder a los derechos mineros, eso sí se reconoce que el tema ambiental es por separado y tiene sus propias exigencias.
  2. Se reafirma la propiedad del Estado Colombiano sobre el subsuelo y sus riquezas, por ende no pueden predicarse efectos de prescripción o de ser objeto de algún acto jurídico que lo grave o limite, para hacer más efectivo este contenido se crea una presunción de carácter legal para efectos probatorios y de litigio. Se sigue reconociendo la existencia de derechos adquiridos desde la época de la corona o feudal de algunas minas de oro que se ubican en Antioquia.
  3. Se conceptúa que es un yacimiento minero descubierto y que reglas técnicas son auxiliares del tema jurídico [geología e ingeniería de minas], con ello se supera los conceptos particulares y amañados que no ayudan al sector.
  4. El reconocimiento de actividad pública de interés social a cada una de las fases de la industria minera, permite aplicar beneficios de orden jurídico y social para acceder a los yacimientos y a su vez ayuda a superar el tema de los derechos subjetivos  VS  derechos colectivos.

 

Esta reforma introducida por la Ley 685 de 2001, ha sido valiosa debido a que se logro el objetivo de poder tener un conjunto de normas ordenadas con unos focos de interpretación que le permitan ser competitivo al Estado Colombiano para la inversión extranjera con vecinos del continente y se dio una señal clara sobre la existencia de una seguridad jurídica en lar normas que regulan este sector productivo de Colombia, es decir que se dio seguridad jurídica tal y como lo comenta el Dr. José María Córdoba Pérez “La Seguridad Jurídica como Meta: Para que las normas legales de un país sean en verdad factores de seguridad jurídica, en su significado de mecanismo protector de los derechos particulares, han de contar con los atributos de positividad, practicabilidad e invariabilidad (filosofía del Derecho – Arthur Kaufmann- Externado de Colombia, 1999 págs. 349 y ss.)[3].

 

FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD MINERA.

El artículo 58 de la Carta Política de Colombia reza “Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles., los cuela s no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. […]”. Subrayas fuera de texto.[4]

Con base en la citada norma que establece un principio de las democracias capitalistas y que en el caso de Colombia garantiza su respeto si ha cumplido a cabalidad los requisitos señalados en las normas civiles, pero siguiendo la línea de un Estado Social de Derecho  se consignó con perfecta claridad que el interés general o publico prima sobre el beneficio particular de un propietario, esta acotación es fundamental para el tema de los recursos mineros del Estado, debido a que como la industria ha sido catalogada como de interés público y general, por ello siempre la actividad minera primara frente a la propiedad particular simple, salvo algunas excepciones [que serán objeto de otro texto], por  ello es de fácil aplicación a favor de las labores mineras figuras como la expropiación administrativa, imposición de servidumbres mineras y petroleras entre otras.

El artículo 332 de la Constitución Política reza “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos […][5]. Subrayas fuera de texto.

Así tenemos que la propia carta regulo dos tipos de propiedades que son a saber:

PROPIEDAD SUPERFICIARIA: Regulada en el artículo 58 de la C.P., que es adquirida por los particulares o por el Estado de conformidad con los modos señalados en el artículo 673 del Código Civil Colombiano y que se perfeccionan por los títulos e inscripción en el registro de instrumentos públicos y privados, según la reglas del Derecho Privado.

LA PROPIEDAD DEL SUBSUELO: Regulada por el artículo 332 de la C.P., y que tiene como único titular al Estado Colombiano, no hay mas formalidades  no modo expreso, solo se regula por el Mandato Constitucional y por el interés general.

 

La Honorable Corte Constitucional refiriendo al tema tiene la siguiente posición que es respetable: “Así ha señalado la Corte que: La propiedad inmueble se desmembra en propiedad superficiaria y en subsuelo; al Estado pertenece éste último, así como los recursos no renovables, se encuentren en la superficie o en el subsuelo. Se consagra en favor del Estado una reserva expresa sobre los recursos no renovables, dominio público éste que se configura sin perjuicio de la propiedad privada minera constituida en virtud de derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a leyes preexistentes”.[6] Pero que en un análisis jurídico serio  no es distante de la posición aquí presentada por el suscrito.

 

La Constitución fue clara en expresar que la propiedad es una función social, pero la norma no distinguió cual de las dos propiedades de las existentes en la legislación colombiana y como al intérprete no le es dado distinguir criterios cuando la Ley no lo realiza, por ello,  tanto la propiedad superficiaria como la del subsuelo conllevan para su titular la obligación de hacer cumplir la función social de la misma, que en la primera será hacerla productiva para alimentos, vivienda y espacios públicos entre otras y que generan empleo y calidad de vida, mientras la segunda [la del subsuelo] conlleva la obligación de extraer el recurso mineral de acuerdo a unas normas claras, que le permiten al Estado contar con unos importantes ingresos para cumplir su función social tal y como lo señala el artículo 2 de la Carta Política.

Tenemos que la función social de la propiedad minera es la obligación que tiene el Estado Colombiano de extraer de manera directa o indirecta la riqueza mineral o petrolífera que se encuentra en el subsuelo del Estado a través de los medios tecnológicos mas apropiados, para generar varios beneficios, unos de orden económico [regalías, contraprestaciones, empleo, impuestos entre otras] y otro sociales [calidad de vida, trasferencia de tecnología y competitividad] que le permitan cumplir con los fines para los cuales los ciudadanos fundamos el Estado Colombiano que se encuentran señalados en el artículo 2 de la Constitución. Claro está que esta obligación tiene sus límites de rango Constitucional en el artículo 80 que reza: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución […]”. De la misma manera la Ley 685 de 2001 estableció en su contenido un conjunto de normas que conllevan la aplicación de la función social de la propiedad minera  a favor de los colombianos menos favorecidos y por ello encontramos en los artículos 248 al 257, normas que regulan este aspecto en temas como:  I) asociaciones comunitarias de mineros. II) recurso humano nacional. III) participación de trabajadores nacionales. IV) mano de obra regional. V) transferencia de tecnología. VI) obras e instalaciones mineras y comunitarias.

La manera para hacer efectiva la protección a la función social de la propiedad minera, tiene hoy día dos ámbitos, uno de orden constitucional y otra de orden contractual y que son a saber así:

  1. Las acciones constitucionales de grupo o popular debido a que el recurso minero es propiedad del Estado y su extracción nos beneficia a todos los colombianos, por ello cualquier mortal puede proteger los derechos colectivos que  a título de ejemplo podría ser la moralidad administrativa, la protección del medio ambiente, una extracción segura de minerales entre otras.
  2. Las medidas contractuales que tiene el Estado para dar por terminado el contrato único de concesión minera o cualquier otro título minero a un beneficiario y dar aplicación así a la caducidad regulada en el artículo 112  de la Ley 685 de 2001, a título de ejemplo es el literal c que reza “La no realización de los trabajos y obras dentro de los términos establecidos en este código o su suspensión no autorizada por más de seis [6] meses continuos[7]” o la incapacidad financiera que le impida extraer el mineral.

Estos dos mecanismos legales [fuera del control de los órganos de control],  obligan al beneficiario de un titulo minero y a la autoridad  concede de este derecho, para realizar seguimiento serio, permanente y transparente a la función social de la propiedad minera. Todos los Colombianos debemos tener una acción positiva para hacerle seguimiento a que la función social de la propiedad minera se cumpla, si ello no es así, podemos recurrir a la autoridad concedente, que en la mayoría de los casos es el INGEOMINAS o sino accionar el aparato jurisdiccional para proponer una acción constitucional.

DERECHOS ECONOMICOS DEL ESTADO COLOMBIANO.

Todo propietario tiene derechos a recibir alguna contraprestación económica por ceder a un tercero el derecho a beneficiarse de los atributos o riquezas de su propiedad privada, este razonar, es aplicable al tema de los Derechos Económicos que recibe el Estado Colombiano por conceder a un tercero el derecho a explorar y explotar el subsuelo y su riqueza mineral.

Los Constituyentes de 1991 entendieron lo anterior   y por ello se plasmaron los siguientes artículos:

Artículo 360: “La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. La explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte.

Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones.

Artículo 361.- Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios, se creará un fondo nacional de regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.

Con base en lo anterior se puede afirmar que el Estado Colombiano puede recibir  por concederle a un particular el derecho exclusivo para explotar y explotar el subsuelo en el tema minero [excluyendo el tema del petróleo, gas y gas asociado al carbón] los siguientes conceptos:

  • Regalías. [Obligatoria]
  • Canon Superficiario. [Obligatoria]
  • Contraprestaciones por precios altos. [Opcional aun no se regula para minas, pero si en tema Petrolero ANH].
  • Contraprestación por alto volumen de producción. [Opcional aun no se regula para minas, pero si en tema Petrolero ANH].

Las regalías deben ser entendidas como  la contraprestación económica que recibe el Estado Colombiano por conceder al particular un derecho exclusivo de explorar y explotar un recurso natural y sobre el tema la Honorable Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:  “Al respecto la Corte recuerda que frente  al artículo 360 constitucional la Corporación  ha tenido la oportunidad de pronunciarse  en repetidas ocasiones, en las que se ha referido, entre otros temas, al concepto de regalías sobre los bienes de propiedad del Estado ,  la amplia potestad del Legislador para  fijar su monto , la titularidad del Estado sobre dichas regalías , el carácter de beneficiarias que tienen las entidades territoriales , su obligatoriedad y universalidad ,  la competencia del Legislador para fijar su destinación , y el carácter no tributario de las mismas . Así mismo, cabe recordar que la jurisprudencia en el caso de los  propietarios privados del subsuelo ha afirmado la posibilidad de establecer el pago de impuestos por la explotación de  los recursos naturales no renovables que les pertenezcan […]”[8]. Subrayas fuera de texto.

En el actual código de minas regulo en el capitulo XXII el tema de las contraprestaciones económicas que son las regalías mineras que se generan en la etapa  explotación del recurso, debemos afirmar que para cada tipo de mineral hay un porcentaje diferente del valor sobre el cual se cancela la regalía, es decir no es el mismo porcentaje el del oro que el del carbón o las canteras;  el canon superficiario que se genera en la etapa de exploración y que es un mismo valor por hectárea, aquí no importa el material que se está ubicando si no el número de hectáreas que se solicitan a la autoridad minera.

Se citan las normas legales de la Ley 685 de 2001, que rigen el tema asi:

  • ARTÍCULO 226. CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS. Las contraprestaciones económicas son las sumas o especies que recibe el Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables.
  • ARTÍCULO 227. LA REGALÍA. De conformidad con los artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas.

En el caso de propietarios privados del subsuelo, estos pagarán no menos del 0.4% del valor de la producción calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie. Estos recursos se recaudarán y distribuirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 141 de 1994. El Gobierno reglamentará lo pertinente a la materia.

  • ARTÍCULO 230. CÁNONES SUPERFICIARIOS. Los cánones superficiarios sobre la totalidad del área de las concesiones durante la exploración, el montaje y construcción o sobre las extensiones de la misma que el contratista retenga para explorar durante el período de explotación, son compatibles con la regalía y constituyen una contraprestación que se cobrará por la entidad contratante sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión de los terrenos de ubicación del contrato. Los mencionados cánones serán equivalentes a un salario mínimo día por hectárea y por año pagaderos por anualidades anticipadas a partir del perfeccionamiento del contrato si el área solicitada no excede de 2.000 hectáreas, si excediera de 2.000 y hasta 5.000 hectáreas pagará dos (2) salarios mínimos día por hectárea y por año pagaderos por anualidades anticipadas y si excediera de 5.000 y hasta 10.000 hectáreas pagará tres (3) salarios mínimos día y por año pagaderos por anualidades anticipadas.

La liquidación, el recaudo y la destinación de los cánones superficiarios le corresponde efectuarlos a la autoridad minera.

 

Se tiene que dar por sentado que en la actualidad el sector minero y petrolero de Colombia paso de ser el patito feo a convertirse en el sector económico más apetecido para la inversión extranjera y para el desarrollo regional, y que mas divisas le generan al país, la era del café ha sido superada y por ello es necesario dar pasos seguros en pro de actualizar los modelos económicos y jurídicos con los que cuenta el Estado Colombiano para ser competitivo en la región, ya hemos dados los pasos iníciales, el tema minero con la expedición de la Ley 685 de 2001 y en el tema petrolero con la escisión de Ecopetrol y la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que son los más relevantes, pero no los únicos.

 

Podemos afirmar que hemos avanzado en los últimos 8 años en el derecho minero en Colombia y que la nueva generación de abogados no serán los litigantes de siempre, sino que deberán ser competentes en consultoría en temas mineros y energéticos.

 


[1] Ortiz Monsalve, Álvaro: Derecho de Minas, Editorial Temis. Bogotá 1992. Pág. 58

 

[2] Código de Minas [Ley 685 de 2001].

 

[3] Córdoba Quintero,  José María.  Temas Mineros y Petroleros  Pág. 114.  Colegio de Abogados Mineros y Petroleros.  Segunda Edición 2005 – Bogotá D.C.

[4] Gómez Sierra, Francisco. Constitución Política de Colombia –anotada-, articulo 58 Pág. 47.  Editorial Leyer 2006

[5] Gómez Sierra, Francisco. Constitución Política de Colombia –anotada-, articulo 332 Pág. 191.  Editorial Leyer 2006

[6] Sentencia C-006/93 M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. – Sentencia C-660/2002 M.P. ALVARO TAFUR GALVIS.

 

[7] Ricaurte de Bejarano, Margarita. Código de Minas – Comentado-, articulo 112 Pág. 84.  Editorial Universidad Externado de Colombia 2005.

[8] Sentencia C-660/2002 M.P. ALVARO TAFUR GALVIS.  Ver Sentencias  C-221/97  y C-987/99 M.P. Alejandro Martínez Caballero., así como  S.V. de los Magistrados Alejandro Martínez Caballero y Eduardo Cifuentes Muñoz a la Sentencia C-065/98 M.P. Fabio Morón Díaz.

About these ads

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

A %d blogueros les gusta esto: